Por: Maximiliano Catalisano
El celular llegó a las aulas mucho antes de que los sistemas educativos pudieran ponerse de acuerdo sobre qué hacer con él. Mientras algunos colegios lo convierten en una herramienta para buscar información, resolver actividades o comunicarse ante una emergencia, otros países decidieron limitarlo o directamente sacarlo de las escuelas. En 2026, la discusión ya no es una cuestión aislada: cada vez más gobiernos están estableciendo reglas para reducir su presencia durante la jornada escolar y buscan una respuesta que permita mejorar la concentración sin generar nuevos gastos para las familias ni para las instituciones.
Según el informe de seguimiento de la educación de UNESCO, para marzo de 2026 ya eran 114 los sistemas educativos que contaban con una prohibición nacional del uso de teléfonos móviles en las escuelas, equivalentes al 58% de los países analizados. El crecimiento fue muy rápido: en 2023 las prohibiciones alcanzaban aproximadamente al 24% de los países y a finales de 2024 ya llegaban al 40%.
Pero no todos eligieron el mismo camino. Hay países que optaron por retirar completamente los teléfonos durante la jornada, otros que permiten excepciones para determinadas actividades y también sistemas que dejan en manos de cada escuela la decisión sobre cómo limitar su utilización. La comparación permite entender qué modelo puede ser más conveniente cuando el objetivo es recuperar tiempo de aprendizaje y, al mismo tiempo, evitar que una medida escolar termine convirtiéndose en un gasto adicional.
El mundo se mueve hacia escuelas con menos celulares
La tendencia internacional muestra un cambio bastante claro. Durante años, la discusión se centró en si el teléfono podía incorporarse a las clases como una herramienta tecnológica. Ahora, muchos gobiernos están poniendo el foco en otra pregunta: cuánto perjudica la presencia constante del dispositivo cuando no existe una finalidad pedagógica concreta.
UNESCO señala que restringir el celular puede contribuir a disminuir las distracciones dentro del aula, aunque advierte que una prohibición por sí sola no resuelve todos los desafíos relacionados con la tecnología. Las escuelas también tienen que enseñar a los estudiantes a desenvolverse en entornos digitales, evaluar información, administrar el tiempo frente a las pantallas y comprender los riesgos asociados con las plataformas digitales.
Por eso, la discusión actual no necesariamente enfrenta tecnología contra educación. El debate pasa por determinar cuándo un dispositivo aporta al aprendizaje y cuándo se convierte en una fuente de interrupciones.
Francia es uno de los ejemplos más conocidos de regulación estricta. Desde 2018 existe una prohibición del uso de teléfonos móviles en escuelas y colegios, con excepciones contempladas para determinadas situaciones. El objetivo declarado fue favorecer la atención, la concentración y la reflexión durante las actividades educativas.
El país, sin embargo, siguió profundizando la regulación. Desde el comienzo del ciclo escolar 2026, la prohibición alcanza a estudiantes desde el jardín de infantes hasta el liceo, incluyendo las actividades educativas que se realizan fuera del establecimiento. Existen excepciones, entre ellas las relacionadas con estudiantes que presentan una discapacidad o determinadas condiciones de salud.
Francia muestra así un modelo basado en una regla sencilla: durante el horario escolar, el teléfono no forma parte de la rutina habitual del estudiante.
Inglaterra también endureció su postura. En 2024, el gobierno recomendó que las escuelas prohibieran el uso de teléfonos durante toda la jornada, incluidos los recreos y el horario de almuerzo.
Pero en 2026 se produjo un cambio todavía más importante. La nueva guía del Departamento de Educación se convirtió en normativa obligatoria el 29 de junio y las escuelas deben comenzar a aplicarla desde el 1 de septiembre de 2026. El principio general establece que las instituciones deben funcionar como espacios libres de teléfonos durante la jornada escolar, salvo excepciones.
La particularidad del modelo inglés es que no se trata solamente de decirle al alumno que no use el teléfono durante una clase. La restricción comprende también los momentos entre clases, los recreos y el almuerzo. De esta manera, se busca evitar que el dispositivo vuelva a aparecer apenas termina una actividad académica.
Además, las propias autoridades británicas señalan que una gran mayoría de las escuelas ya contaba con mecanismos para limitar los teléfonos antes de la nueva normativa: el 99,8% de las primarias y el 90% de las secundarias tenían políticas de restricción.
Australia representa otro caso interesante porque sus políticas educativas dependen de los estados y territorios. Desde el primer trimestre de 2024, todos los gobiernos estatales y territoriales implementaron medidas para impedir o limitar el uso personal de teléfonos móviles en las escuelas públicas.
El resultado permitió observar algunos cambios reportados por las propias autoridades. En Nueva Gales del Sur, una encuesta a casi 1.000 directores indicó que el 87% observaba una menor distracción de los estudiantes y el 81% percibía mejoras en el aprendizaje. En Australia Meridional, además, se informó una caída del 63% en incidentes críticos relacionados con redes sociales y del 54% en problemas de comportamiento.
El caso australiano también demuestra que una prohibición no tiene por qué significar que todos los teléfonos deban desaparecer físicamente de las escuelas. Las normas contemplan excepciones por motivos de salud, necesidades educativas, discapacidad o bienestar.
Nueva Zelanda implementó desde 2024 una política conocida como “phones away for the Day”, que establece que los estudiantes deben mantener sus teléfonos guardados durante la jornada escolar. La medida alcanza a las escuelas estatales y estatales integradas.
La norma contempla excepciones cuando el teléfono es necesario por motivos de salud, discapacidad, necesidades de aprendizaje, una actividad educativa determinada o circunstancias especiales autorizadas por la institución.
Lo interesante es que el gobierno no impuso una única forma de guardar los dispositivos. Cada escuela puede decidir si los teléfonos permanecen dentro de las mochilas, en casilleros, en bolsos cerrados, en compartimentos con llave u otros espacios seguros. Incluso la documentación oficial señala que no se asignaron recursos adicionales para aplicar la medida y que cada institución podía buscar una alternativa práctica y de bajo costo.
Ese punto resulta especialmente relevante para las familias y para los colegios: una política de restricción no necesariamente requiere comprar tecnología sofisticada para almacenar o bloquear celulares.
China adoptó en 2021 una política destinada a reforzar la administración de teléfonos entre estudiantes de educación obligatoria. Como regla general, los alumnos no deberían llevar sus teléfonos personales a la escuela; cuando existe una necesidad específica, se requiere autorización de los padres y el dispositivo debe quedar bajo custodia de la institución, sin ingresar al aula.
La medida se vinculó con preocupaciones relacionadas con la concentración durante las actividades escolares, el uso excesivo de internet y videojuegos y el bienestar de los estudiantes.
Este esquema representa una opción más restrictiva que simplemente pedir que el celular permanezca apagado. El dispositivo puede existir, pero queda fuera del alcance del alumno durante la actividad escolar.
No todos los países quieren una prohibición nacional
La tendencia hacia la restricción no significa que exista un único modelo mundial. UNESCO también identifica países que prefieren establecer reglas generales y permitir que cada escuela determine cómo aplicarlas.
Inglaterra, por ejemplo, avanzó hacia una normativa nacional más definida, mientras que otros sistemas educativos optaron por exigir políticas escolares de restricción sin imponer necesariamente una prohibición idéntica para todos. Esta alternativa permite adaptar las reglas a las características de cada comunidad educativa.
En países con sistemas educativos descentralizados, además, las decisiones pueden aparecer primero en determinadas regiones. Estados Unidos es un ejemplo de esta diversidad: para marzo de 2026, 39 estados contaban con prohibiciones estatales o normas que obligaban a los distritos escolares a establecer restricciones sobre los teléfonos.
¿Prohibición total o modo aula?
Las dos alternativas tienen ventajas y costos diferentes.
El modo aula permite conservar el teléfono como recurso pedagógico. Un docente puede solicitarlo para una búsqueda, una encuesta, una actividad interactiva o una herramienta educativa concreta. El problema aparece cuando el dispositivo permanece disponible durante toda la jornada y la frontera entre actividad escolar y entretenimiento se vuelve difícil de controlar.
La prohibición durante toda la jornada simplifica la regla. El estudiante sabe que el teléfono debe permanecer guardado y el docente no necesita dedicar parte de la clase a controlar quién está enviando mensajes, mirando redes sociales o utilizando aplicaciones ajenas a la actividad.
Desde el punto de vista económico, además, las alternativas más sencillas pueden ser las más accesibles. No es indispensable instalar sistemas electrónicos costosos. Guardar los teléfonos en mochilas, casilleros o espacios determinados puede reducir la inversión inicial, siempre que la institución establezca un procedimiento claro para evitar pérdidas y resolver situaciones excepcionales.
El ahorro también puede aparecer de forma indirecta. Si una escuela reduce el tiempo destinado a controlar dispositivos, disminuye las interrupciones y concentra la tecnología en momentos previamente definidos, puede utilizar mejor los recursos que ya posee en lugar de sumar nuevas herramientas para controlar otras herramientas.
Una prohibición escrita en un reglamento no garantiza por sí sola que el celular deje de ser un problema. La experiencia internacional muestra que la implementación es tan importante como la norma.
Las familias deben conocer cómo comunicarse con sus hijos durante una emergencia, los docentes tienen que saber qué hacer frente a un incumplimiento y los estudiantes necesitan comprender cuándo existe una excepción. También es necesario contemplar a quienes dependen del teléfono para cuestiones médicas, de accesibilidad o aprendizaje.
Nueva Zelanda, Francia, Australia e Inglaterra coinciden en un punto: las restricciones incluyen excepciones. Esto evita convertir una regla general en una barrera para estudiantes que realmente necesitan el dispositivo.
La comparación internacional permite extraer una conclusión: el debate ya no parece estar entre permitir todo o prohibir todo. La discusión más interesante es cómo establecer límites suficientemente claros para recuperar la atención sin impedir que la tecnología se utilice cuando realmente aporta algo a la enseñanza.
En 2026, más de la mitad de los países analizados por UNESCO ya cuentan con algún tipo de prohibición nacional del celular en las escuelas. El crecimiento de esta tendencia demuestra que el modelo de “teléfono siempre disponible” está perdiendo terreno.
Para una escuela que busca una alternativa económica, la experiencia de varios países ofrece una respuesta concreta: comenzar con una regla sencilla, establecer momentos excepcionales para el uso pedagógico, definir un lugar seguro para guardar los dispositivos y mantener canales institucionales de comunicación con las familias. No hace falta convertir el colegio en un espacio sin tecnología. Se trata de decidir cuándo la tecnología entra al aula y cuándo debe quedar fuera. Y esa diferencia puede ser mucho más importante que el propio celular: una escuela puede enseñar con tecnología sin permitir que la tecnología marque el ritmo de cada minuto de la jornada.
