En la actualidad, la tarea de enseñar se presenta como un desafío complejo que debemos abordar con urgencia. Es fundamental que situemos la enseñanza en el centro de la reflexión y el debate dentro de cada escuela, ya que garantizar el derecho a la educación implica generar condiciones pedagógicas y didácticas que promuevan aprendizajes efectivos. La calidad educativa y la inclusión no solo son compatibles, sino que no concebimos una sin la otra. Sin embargo, no podemos aspirar a mejorar la calidad educativa sin revisar y fortalecer las condiciones pedagógicas en nuestras escuelas.
Uno de los ejes centrales en este debate son las trayectorias escolares, que representan el recorrido ideal o teórico de los estudiantes a través del sistema educativo. Este trayecto se ha concebido como homogéneo, lineal y predecible: avanzar un grado por año, con edades preestablecidas para cada nivel. Sin embargo, la realidad nos demuestra que muchos estudiantes siguen un recorrido diferente, más heterogéneo y variable, influenciado por factores como la repitencia, el abandono y la sobreedad.
Las instituciones escolares deben, entonces, planificar su trabajo considerando las trayectorias individuales de cada alumno. Esto implica enfrentar y actuar sobre realidades diversas y cambiantes, y asumir la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación. Para ello, es esencial que las experiencias escolares que ofrecemos sean revisadas constantemente, buscando soluciones que favorezcan un aprendizaje significativo para todos los estudiantes.
En cada escuela, los distintos actores educativos (docentes, directivos, preceptores, equipos de orientación) tienen la responsabilidad compartida de asegurar que los estudiantes aprendan. Para ello, es necesario establecer políticas institucionales que favorezcan el acompañamiento de las trayectorias educativas de manera integral, asegurando:
- Actividades variadas, con estrategias y formatos diversificados para la enseñanza, aprendizaje y evaluación.
- Flexibilidad en los tiempos, espacios y agrupamientos para adaptarse a las necesidades de los estudiantes.
- Estrategias comunitarias, colaborativas y de apoyo mutuo que promuevan la construcción colectiva del conocimiento.
- Reordenamiento curricular basado en los saberes previos, intereses y potencialidades de los alumnos, priorizando proyectos integrados y con la comunidad.
- La inclusión de actores externos, como organizaciones civiles y referentes locales, para enriquecer las trayectorias educativas.
Además, es clave considerar a los estudiantes como parte de un proceso conjunto, donde cada integrante del equipo educativo se compromete con su aprendizaje. Esto requiere intensificar los procesos de enseñanza, entendiendo que la diversidad dentro del aula es una riqueza que debemos aprovechar para promover el trabajo en equipo, la ayuda mutua y la adaptación de tiempos y propuestas a las necesidades de cada sujeto.
La intensificación de la enseñanza no es un fenómeno aislado, sino un proceso inherente a la labor educativa. Implica destinar más tiempo, espacio y recursos a ciertos contenidos y producciones escolares, siempre desde una planificación flexible y abierta a las necesidades cambiantes. Estas prácticas educativas contextualizadas están basadas en vínculos afectivos, que promueven el deseo de aprender y crecer.
En resumen, para garantizar una educación de calidad e inclusiva, debemos revalorizar la enseñanza como un proceso vivo, dinámico y en constante evolución. Es en nuestras aulas donde se juega el derecho a la educación, y es ahí donde debemos redoblar esfuerzos para acompañar y fortalecer las trayectorias educativas de cada estudiante, sin excepción.
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