Por: Maximiliano Catalisano
Hay momentos en que la escuela necesita mirarse de frente y preguntarse si cada estudiante está siendo acompañado de la mejor manera posible. Cuando se habla de inclusión, no se trata de frases bonitas para el cartel de entrada ni de un discurso para las fechas especiales, sino de construir prácticas concretas que permitan que cada estudiante encuentre un lugar real en la escuela, participe en las actividades, aprenda a su ritmo y sea respetado en sus tiempos y necesidades. Para que esto suceda, es necesario construir acuerdos institucionales de inclusión, que no son papeles para firmar y archivar, sino compromisos colectivos que orientan el trabajo de todos los días.
Los acuerdos institucionales de inclusión son herramientas de gestión que permiten organizar la vida escolar en torno a la participación de todos los estudiantes, con sus diferencias, sus historias y sus formas de aprender. Son construcciones colectivas, no decisiones individuales, y requieren espacios de diálogo donde cada integrante de la comunidad educativa pueda aportar su mirada, expresar sus dudas y comprender cómo acompañar a los estudiantes que necesitan apoyos específicos para sostener sus trayectorias.
Para construir acuerdos institucionales de inclusión, lo primero es reconocer que todas las escuelas cuentan con estudiantes con necesidades diversas, aunque no siempre estén visibilizadas. Estos acuerdos deben permitir revisar las prácticas escolares, identificar barreras que puedan estar limitando la participación de algunos estudiantes y proponer formas de superar esas barreras con estrategias posibles y sostenibles en la realidad de cada institución.
Un aspecto central en la construcción de estos acuerdos es el conocimiento del marco normativo que respalda la inclusión escolar obligatoria. Contar con las leyes, resoluciones y documentos vigentes permite a las escuelas fundamentar las decisiones que toman y orientar la redacción de acuerdos que tengan validez y coherencia con las políticas educativas de cada jurisdicción. Este marco también otorga seguridad a los equipos al momento de planificar apoyos, adecuaciones y estrategias de enseñanza diversificadas.
Los acuerdos institucionales de inclusión deben ser claros, sencillos y comprensibles por todos los actores de la comunidad. No se trata de redactar textos complejos, sino de expresar de forma concreta cuáles son los compromisos de la escuela para garantizar la participación de todos, cómo se van a organizar los apoyos necesarios, cómo se realizará el seguimiento de cada trayectoria y cómo se acompañará a las familias en este proceso.
Es importante que estos acuerdos incluyan el compromiso de realizar reuniones periódicas de seguimiento, donde se pueda evaluar el cumplimiento de las acciones previstas, ajustar estrategias y registrar los avances y dificultades que se presenten. Estas reuniones permiten sostener el acuerdo en el tiempo y evitar que quede como un documento aislado que se redacta una vez y luego se olvida.
La construcción de acuerdos institucionales de inclusión requiere espacios de formación y reflexión colectiva. Es necesario brindar espacios donde los docentes puedan compartir sus experiencias, plantear inquietudes y recibir herramientas para trabajar con estudiantes que requieren apoyos específicos. Estas instancias fortalecen el compromiso del equipo con la inclusión y permiten construir estrategias más acordes a las necesidades de cada escuela.
El rol de las familias es clave en este proceso. Los acuerdos de inclusión deben contemplar mecanismos de comunicación con las familias, escuchar sus voces, brindar información clara y garantizar su participación en las decisiones que afectan a sus hijos. Incluir a las familias no significa delegarles la responsabilidad, sino construir un trabajo conjunto que permita sostener la trayectoria escolar del estudiante en un marco de respeto y colaboración.
Al momento de redactar los acuerdos, se recomienda incluir referencias al acompañamiento de los equipos de orientación escolar, la articulación con servicios externos de salud y la planificación de proyectos pedagógicos individuales cuando sea necesario. Estos elementos permiten a la escuela ordenar las acciones que realizará, clarificar responsabilidades y planificar estrategias de seguimiento y evaluación que sostengan las trayectorias educativas.
Los acuerdos de inclusión también deben contemplar la organización de la documentación pedagógica, detallando cómo se registrarán las adecuaciones implementadas, los apoyos brindados y los avances de cada estudiante. Este registro ordenado no solo permite cumplir con la normativa, sino que facilita el seguimiento interno y la articulación con los equipos de supervisión cuando sea necesario.
Construir acuerdos institucionales de inclusión no es un trámite administrativo, sino una oportunidad para fortalecer el trabajo de la escuela, consolidar equipos y garantizar que cada estudiante pueda aprender en un entorno que respete sus tiempos, sus intereses y sus posibilidades. Es un compromiso que se renueva cada día, en cada planificación, en cada clase, en cada reunión, y que transforma la cultura institucional de la escuela en un espacio donde todos puedan sentirse parte.
Cuando una escuela se toma el tiempo de construir estos acuerdos, está construyendo comunidad. Está diciendo con hechos que cada estudiante cuenta, que las diferencias no son un obstáculo para enseñar y que el derecho a aprender no se negocia. Está asumiendo el desafío de mirarse, de repensar lo que hace y de construir estrategias que permitan acompañar a cada estudiante en su camino, con la certeza de que incluir es una decisión que se sostiene con acciones cotidianas.
