Por: Maximiliano Catalisano
Ninguna escuela está exenta de atravesar situaciones complejas. Cuando aparece una sospecha o certeza de vulneración de derechos de un estudiante, el impacto es profundo. Surgen el dolor, la preocupación, la urgencia de actuar, las preguntas sobre qué hacer y cómo proteger sin dañar más, cuidando a quien se encuentra en una situación de riesgo y también al equipo institucional que acompaña. Saber qué hacer ante una situación de vulneración de derechos en la escuela es parte de la tarea docente y de gestión, porque la escuela no puede mirar para otro lado ni tomar decisiones apresuradas que terminen agravando la situación. Actuar con responsabilidad, respetando los protocolos vigentes y manteniendo la calma, es parte del cuidado que las infancias y adolescencias necesitan.
Cuando se detecta o se sospecha que un niño, niña o adolescente está atravesando una situación de vulneración de derechos, lo primero es escuchar con atención, sin interrumpir, sin presionar para obtener más información y sin emitir juicios que generen más temor o culpa. Es fundamental registrar la información recibida de manera textual y completa, consignando fecha, hora, lugar y las palabras exactas del estudiante si se trata de un relato, evitando interpretaciones personales.
Luego, se debe informar de inmediato a la autoridad de la institución, sea dirección o equipo de conducción, quien deberá activar el protocolo de actuación según la normativa de cada jurisdicción. Generalmente, estos protocolos establecen que la escuela debe dar intervención a los organismos de protección de derechos, como servicios locales de niñez, defensorías zonales o líneas de atención específicas, dependiendo del caso y del territorio.
Es importante comprender que la escuela no investiga ni juzga la veracidad de los hechos. El rol institucional es proteger, acompañar y dar intervención a los organismos competentes que se encargan de la investigación y la protección de los derechos vulnerados. Por ello, no corresponde enfrentar a posibles agresores ni comunicar a personas involucradas que se realizó la denuncia, para resguardar al estudiante y a la comunidad.
Toda intervención debe quedar registrada por escrito en un acta interna que resguarde la confidencialidad, consignando las actuaciones realizadas, las comunicaciones efectuadas y las fechas en que se tomaron las medidas, para garantizar un seguimiento ordenado de la situación. Este registro es clave para la institución y para el resguardo de quienes intervienen.
Si el estudiante se encuentra en riesgo inmediato, se debe dar intervención de manera urgente a las autoridades correspondientes, pudiendo incluir a las fuerzas de seguridad si así lo requiere el protocolo, priorizando en todo momento el resguardo de la integridad del niño, niña o adolescente.
Acompañar al estudiante en estas situaciones también implica estar atentos a su emocionalidad y a la necesidad de contención durante los días posteriores, articulando con el equipo de orientación escolar si la institución lo posee, y con los organismos que intervienen en la situación. El acompañamiento debe ser respetuoso de la intimidad, evitando exponer al estudiante frente al grupo de pares y evitando que deba relatar reiteradamente los hechos.
En paralelo, es importante mantener la comunicación con las familias o referentes afectivos cuando corresponda, siempre respetando las indicaciones de los organismos de protección de derechos, ya que en algunas situaciones es necesario preservar la confidencialidad hasta que intervengan los equipos especializados.
La capacitación del personal docente y no docente en protocolos de actuación ante situaciones de vulneración de derechos es fundamental para que cada integrante de la comunidad sepa cómo actuar, a quién recurrir y cuáles son los pasos a seguir sin improvisar ni paralizarse frente a una situación tan delicada.
La intervención ante estas situaciones no termina con la denuncia o el aviso a las autoridades competentes. La escuela continúa siendo un espacio de cuidado y contención para el estudiante, por lo que sostener una mirada atenta y una disposición de escucha es parte del acompañamiento que la institución puede brindar en el marco de sus posibilidades.
La construcción de redes con otros organismos de salud, desarrollo social, niñez y justicia es una herramienta valiosa que fortalece el rol de la escuela, permitiendo derivar y trabajar en articulación en cada caso, construyendo caminos que favorezcan la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Saber qué hacer ante una situación de vulneración de derechos en la escuela no es un conocimiento accesorio, sino una responsabilidad que forma parte de la tarea diaria en cada institución educativa. Actuar con prontitud, con cuidado, con responsabilidad y con respeto por los derechos de cada estudiante es parte del compromiso que la escuela asume cada día en su tarea de educar y cuidar.
